El Congreso aprueba la accesibilidad universal como derecho exigible: así cambia la Ley de Propiedad Horizontal para tu comunidad (14 de julio de 2026)
El Pleno del Congreso aprobó el 14 de julio de 2026 la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia: la accesibilidad universal pasa a ser un derecho exigible, se crea un Programa Estatal para financiar obras y la Ley de Propiedad Horizontal se modifica para que las administraciones públicas ayuden a pagar las obras de accesibilidad de los edificios. Te explicamos qué cambia para tu comunidad.
En resumen
El Congreso aprobó el 14 de julio de 2026 la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia: la accesibilidad universal pasa a ser un derecho exigible y la Ley de Propiedad Horizontal se modifica para que las administraciones públicas contribuyan a financiar las obras de accesibilidad de los edificios. Además, más vecinos podrán exigir esas obras gracias al reconocimiento automático de la discapacidad (33% con grado I de dependencia, 65% con grados II y III). El texto pasa ahora al Senado: hasta su publicación en el BOE sigue rigiendo la LPH actual.
El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados aprobó este martes 14 de julio la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con 179 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), según recogió Europa Press la misma tarde de la votación. En la misma sesión, la Cámara convalidó con 317 votos a favor el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, que inyecta 6.200 millones de euros adicionales al sistema de dependencia entre 2026 y 2027. El texto completo del proyecto de ley puede consultarse en la ficha oficial del Congreso (iniciativa 121/000064).
Para las comunidades de propietarios no es una reforma más: toca directamente la Ley de Propiedad Horizontal, el dinero público disponible para obras de accesibilidad y el número de vecinos con derecho a exigirlas.
¿Qué aprobó exactamente el Congreso el 14 de julio?
Dos normas distintas que van de la mano:
- El proyecto de ley que reforma las leyes de discapacidad y dependencia (modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, y la Ley 39/2006 de dependencia). Es la norma que convierte la accesibilidad universal en un derecho exigible, desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución y modifica la Ley de Propiedad Horizontal. Aún debe pasar por el Senado.
- La convalidación del Real Decreto-ley 17/2026, ya en vigor desde el 25 de junio, que duplica las cuantías del nivel mínimo que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona dependiente. Con él, la aportación estatal a la dependencia alcanzará 7.239,4 millones de euros en 2027, el 50% del coste total del sistema.
Esta es la cronología completa de la tramitación:
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 17 de julio de 2025 | El Gobierno presenta el proyecto de ley en el Congreso (tramitación urgente) |
| 24 de junio de 2026 | El BOE publica el RDL 17/2026 de financiación de la dependencia (en vigor el 25 de junio) |
| 9 de julio de 2026 | La Comisión de Derechos Sociales aprueba el dictamen |
| 14 de julio de 2026 | El Pleno aprueba el proyecto de ley (179 a favor, 33 en contra, 137 abstenciones) y convalida el RDL (317 a favor, 33 en contra) |
| Próximos meses | Tramitación en el Senado (el PP ha anunciado enmiendas) y vuelta al Congreso si hay cambios |
| Entrada en vigor | Tras la publicación en el BOE; hasta entonces rige la LPH actual |
¿Qué cambia en la Ley de Propiedad Horizontal?
Según el texto aprobado por el Congreso (así lo detallan 20minutos e Infobae), la reforma introduce tres novedades en el régimen de obras de accesibilidad de la Ley de Propiedad Horizontal:
| Cuestión | Hoy (LPH vigente) | Con la reforma aprobada |
|---|---|---|
| Financiación pública de las obras | Convocatorias de ayudas según cada plan (estatal o autonómico) | Las administraciones públicas contribuirán económicamente a las obras de accesibilidad en edificios de viviendas |
| Solicitud de ayudas por la comunidad | Voluntaria: la junta decide si pide o no la subvención | Obligatoria si un residente del edificio lo solicita |
| Umbral de ayudas que convierte la obra en obligatoria | Ayudas públicas que alcancen el 75% del importe (art. 10.1.b LPH) | Se rebaja al 70%: con menos subvención, la obra ya es obligatoria para la comunidad |
| Instrumento estatal de financiación | No existe uno específico de accesibilidad | Se crea el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal |
Un matiz importante de rigor: estas modificaciones no son todavía derecho vigente. El proyecto pasa ahora al Senado y solo será exigible cuando se publique en el BOE. Mientras tanto, el régimen aplicable sigue siendo el actual art. 10.1.b LPH: las obras de accesibilidad son obligatorias cuando las pide un propietario en cuya vivienda vivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que su coste, descontadas las subvenciones, no supere 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, y también cuando las ayudas públicas alcanzan el 75% del importe.
¿Quién podrá exigir obras de accesibilidad en tu edificio?
Aquí está el efecto que casi nadie ha contado: la reforma amplía en la práctica el número de vecinos con derecho a exigir obras. Al reconocer automáticamente un 33% de discapacidad a quien tenga un grado I de dependencia (y un 65% a los grados II y III), muchas personas mayores que hoy no tienen certificado de discapacidad pasarán a tenerlo sin trámites adicionales.
Y ese certificado es justo la llave que abre el art. 10.1.b LPH: la vivienda donde reside una persona con discapacidad acreditada (o mayor de 70 años, que ya está protegida hoy) puede exigir a la comunidad rampas, salvaescaleras, ascensores o la supresión de barreras en elementos comunes.
Si tienes más de 70 años y las escaleras del portal son una barrera: no necesitas esperar a la reforma. El art. 10.1.b LPH ya te protege hoy: la comunidad está obligada a realizar los ajustes razonables de accesibilidad si el coste, descontadas las ayudas, no supera 12 mensualidades ordinarias. La petición se dirige por escrito al presidente o al administrador.
Si cuidas de una persona con grado I de dependencia que vive en el edificio: con la reforma, esa persona tendrá reconocido automáticamente un 33% de discapacidad. Eso refuerza la posición de la familia para exigir la obra de accesibilidad y, con el texto aprobado, obligará a la comunidad a solicitar las ayudas públicas disponibles si lo pedís.
Si eres presidente y un vecino te acaba de pedir una rampa o un salvaescaleras: incluye el punto en el orden del día de la próxima junta, pide dos o tres presupuestos y consulta las ayudas activas (Plan Estatal 2026-2030 y convocatorias autonómicas). Si la obra es legalmente obligatoria, no votarla o denegarla expone a la comunidad a una reclamación judicial con la ley en contra.
¿Cómo se pagarán las obras: Programa Estatal, ayudas y derramas?
La reforma crea el Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, un instrumento de financiación que se nutrirá de los Presupuestos Generales del Estado y de las multas por incumplimientos en materia de accesibilidad. Se suma al dinero que ya está en circulación para las comunidades:
- El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que activó su primera anualidad de 800 millones en julio y contempla hasta 13.000 euros por vivienda para obras de accesibilidad.
- Las ayudas de rehabilitación energética y los fondos Next Generation, con plazos distintos en cada comunidad autónoma, que a menudo permiten combinar eficiencia y accesibilidad en una misma actuación.
En cuanto al reparto interno, la regla no cambia: los gastos se distribuyen según la cuota de participación de cada vecino (art. 9.1.e LPH). Y ojo con las exenciones estatutarias: el Tribunal Supremo confirmó este año que los locales exentos por estatutos también deben pagar las obras de accesibilidad obligatorias (STS 844/2026). Si la obra afecta al ascensor, recuerda además que desde el 1 de julio tu ascensor debe contar con un manual de funcionamiento conforme al RD 355/2024.
Lo que significa para tu comunidad: el marco cada vez presiona más en la misma dirección: la accesibilidad deja de ser una mejora opcional y se convierte en una obligación financiada con dinero público. Cuando la reforma llegue al BOE, negarse a pedir las ayudas ya no será una opción si un residente lo solicita, y el umbral del 70% hará obligatorias obras que hoy no lo son. La junta que se adelante ahora (presupuestos, ayudas, acuerdo) evitará conflictos y aprovechará las subvenciones antes que nadie.
Gestionar bien este proceso es trabajo del administrador: identificar las convocatorias abiertas, preparar la solicitud, justificar la subvención y repartir el coste restante conforme a la ley. En Supervecina, los administradores colegiados gestionan las ayudas de accesibilidad y rehabilitación de principio a fin, y las juntas híbridas con votación online gratuita permiten aprobar la obra sin esperar meses a reunir a todos los vecinos en un portal: precisamente el tipo de decisión que suele atascarse en comunidades con propietarios mayores o cuidadores que no pueden asistir presencialmente.
Las comunidades que confían en Supervecina destacan el acompañamiento en los trámites de ayudas y obras y la claridad de las cuentas. Puedes leer las opiniones verificadas en el perfil de Supervecina en Trustpilot.
Preguntas frecuentes sobre la accesibilidad universal y tu comunidad
¿Cuándo entra en vigor la reforma de la accesibilidad universal?
Todavía no está en vigor. El Congreso aprobó el proyecto de ley el 14 de julio de 2026, pero el texto pasa ahora al Senado (donde el PP ha anunciado enmiendas) y solo será exigible tras su publicación en el BOE. Hasta entonces sigue aplicándose la Ley de Propiedad Horizontal vigente, incluido el régimen actual de obras de accesibilidad del art. 10.1.b LPH.
¿Qué significa el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para mi comunidad?
La reforma reconoce automáticamente un 33% de discapacidad a las personas con grado I de dependencia y un 65% a las de grados II y III. En la práctica, muchos más vecinos tendrán acreditada oficialmente una discapacidad, y esa acreditación es la que activa el derecho a exigir obras de accesibilidad a la comunidad conforme al art. 10.1.b LPH.
¿Los locales o pisos exentos por estatutos tienen que pagar las obras de accesibilidad?
Sí. El Tribunal Supremo confirmó en la sentencia 844/2026 que las cláusulas estatutarias de exención de gastos se interpretan de forma restrictiva y no alcanzan a las obras de accesibilidad legalmente obligatorias: también los locales exentos deben contribuir según su cuota de participación. Analizamos el caso completo en este artículo sobre los exentos y las obras de accesibilidad.
¿Qué pasa si la comunidad no quiere pedir las ayudas públicas?
Con el texto aprobado por el Congreso, las comunidades quedarán obligadas a solicitar las ayudas públicas de accesibilidad cuando un residente lo pida. Hoy, mientras la reforma no esté en el BOE, la obligación de la comunidad es realizar las obras del art. 10.1.b LPH cuando se cumplen sus requisitos, y descontar de su coste las subvenciones disponibles.
¿La reforma se aplica igual en Cataluña?
El Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y las ayudas públicas se aplican en toda España. Ahora bien, en Cataluña el régimen de la propiedad horizontal es el del Código Civil catalán (arts. 553-25 y 553-30 CCCat), que ya obliga a la comunidad a asumir las obras de accesibilidad exigidas por la ley, así que conviene revisar el régimen catalán antes de convocar la junta.
¿Puede exigir las obras un inquilino o solo el propietario?
El art. 10.1.b LPH mira a quién vive, trabaja o presta servicios en la vivienda o local: protege a las personas con discapacidad y a los mayores de 70 años que residen en el edificio, aunque no sean propietarios. La petición formal a la comunidad la canaliza el propietario de la vivienda donde reside la persona beneficiaria.
Fuentes: votación del Pleno del Congreso de 14 de julio de 2026 sobre el Proyecto de Ley 121/000064 (ficha oficial en congreso.es); Europa Press, 20minutos e Infobae (14 de julio de 2026); Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio (BOE-A-2026-13643); Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (arts. 9.1.e, 10.1.b y 17.2, BOE-A-1960-10906); Código Civil de Cataluña, Llibre Cinquè (BOE-A-2006-11130); STS 844/2026 (ROJ: STS 2426/2026). El contenido de la reforma citado corresponde al texto aprobado por el Congreso, pendiente de tramitación en el Senado y de publicación en el BOE. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento jurídico individual.
Revisado por: Departamento Legal de Supervecina.